El Estado Peruano debe indemnizar y adoptar la rehabilitación de una menor de 13 años que fue violada, embarazada y quedó inválida el año 2007 al negarle practicarle el aborto terapéutico.
Efectivamente, el Gobierno peruano fue sancionado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de la ONU (Cedaw) por negarse a aprobar el aborto terapéutico en la adolescente que, producto de ello, quedó en silla de ruedas, no puede controlar el esfinter. La condena se refiere al caso de L.C., una menor de 13 años que en el 2007 quedó embarazada debido a una violación y que intentó suicidarse lanzándose del techo de su casa.
La víctima sobrevivió pero quedó con graves lesiones cervicales, por lo que necesitaba una operación, pero los médicos se negaron debido a su embarazo. Sus representantes legales solicitaron el aborto terapéutico pero su pedido no procedió. L.C. fue operada solo tres meses después, cuando tuvo un aborto espontáneo, pero perdió la capacidad de caminar. Hoy vive un drama.
“Una vez más, la ONU ha dejado claro que negar el acceso a servicios médicos esenciales, incluyendo el aborto legal, *constituye una violación de los derechos humanos”, señaló Rossina Guerrero, directora de la ONG Promsex (Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos).
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